Aumentar los ingresos públicos es clave para apoyar la movilización de recursos con los que financiar la Agenda 2030, como señala el último Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El informe analiza la evolución de las políticas fiscales y sus desafíos y destaca que, ahora más que nunca, es necesario abordar el alto nivel de incumplimiento tributario y los flujos financieros ilícitos en la región.
Según la investigación, el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares. En tanto, los flujos ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, el 1,5% del PIB regional.
La política tributaria ha tomado mayor relevancia como herramienta para impulsar el progreso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que no solamente tiene un impacto sobre el nivel de recursos disponibles, sino sobre múltiples dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la desigualdad, la pobreza, y el bienestar de mujeres, ancianos, jóvenes y otras poblaciones vulnerables.
En este sentido, los desafíos fiscales que enfrentan los países representan barreras considerables para lograr un desarrollo económico sostenible, por lo que al presentar el informe este lunes en Santiago de Chile, la secretaria ejecutiva de la CEPAL indicó que se requieren cambios, tanto en la política tributaria como de gasto público, a nivel de los gobiernos centrales y locales.
